Críticas a las generadoras continúan tras alza en tarifas a los usuarios
Casi un mes después de los anuncios del Gobierno para dejar atrás el fantasma del apagón y enfrentar no solo uno de los fenómenos del Niño más intensos de las últimas décadas, sino también la difícil situación financiera de algunas generadoras térmicas, los cuestionamientos y las críticas se mantienen.
El debate se ha centrado en el cargo por confiabilidad. Mientras las generadoras defienden el esquema y aseguran que solo el 10% de ellas está por fuera del servicio y las demás están despachando la energía que el país requiere, las preguntas se ciernen sobre el uso de los recursos y por qué no fue suficiente con ellos para garantizar la energía en momentos de dificultades climáticas.
Más aún, cuando se conoció que Termocandelaria –que estuvo sin despachar durante más de 30 días– tiene una deuda millonaria con el sistema financiero y sus plantas y turbinas están empeñadas, lo que condujo a su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
El debate por el cargo
Para muchos, como los congresistas Iván Duque, del Centro de Democrático, y David Barguil, del Partido Conservador, al igual que gremios como Asoenergía, el cargo por confiabilidad es un seguro que tomó el país para contar con la energía necesaria en momentos de dificultades climáticas, como la actual. Sin embargo,no fue suficiente el pago de cerca de $2,7 billones anuales desde 2006 para garantizar esa energía y hoy los costos han hecho que las operaciones de las térmicas no sean rentables. Esto condujo al Gobierno a anunciar un aumento en las tarifas para compensar $1,1 billones que corresponde a la tercera parte de las pérdidas que están asumiendo las generadoras térmicas.
“Hay preocupaciones por el manejo que se les ha dado a los recursos del cargo. Ahora nos dicen que los colombianos paguemos $1,1 billones en el aumento de tarifas, pero además que paguemos otros $3 billones en virtud del cargo por confiabilidad en los próximos 3 años para que se destinen a unos privados. ¿Cómo así que uno le financia un negocio a un particular y cuando va mal le mete más plata de la gente y cuando va bien sí va para el bolsillo de los dueños?”, se ha preguntado en diferentes medios en los últimos días el representante Barguil, quien al cierre de esta edición alistaba un debate de control político en el Congreso.
Por su parte, las generadoras defienden el modelo. “Hemos pasado tres Fenómenos del Niño sin apagón y ahora lo que se presentó fue un problema en un diferencial en el cargo por confiabilidad. Pero, además, el cargo lo que hizo fue garantizar la expansión. Las inversiones de la última subasta de energía ascienden a US$10.000 millones –unos $30 billones– que se están destinando a 3.900 nuevos megavatios. En 2018, cuando entre el último proyecto de esa subasta, el país tendrá más de 18.700 megavatios”, dice Ángela Montoya, presidente de Acolgen, el gremio que agrupa a las generadoras de energía hidráulicas y algunas térmicas.
Esto hace hoy diferente la situación a la que vivió el país a principios de los 90 cuando se dio el apagón. En ese momento no había plantas térmicas disponibles, hoy sí las hay, pero sus costos –disparados por los precios de los combustibles, la operación logística y la carga tributaria– superan el margen de operación.
De hecho, el pasado 18 de noviembre las generadoras agrupadas en Acolgen explicaron los recursos recibidos y en qué los han destinado. La constante es que la operación, vista desde el cargo por confiabilidad, les ha generado pérdidas. EPM, por ejemplo, ha recibido por cargo por confiabilidad $3 billones, de los cuales $2,2 billones corresponden a las plantas hidráulicas y $800.000 millones a la térmica La Sierra. Pero la térmica ha demandado recursos por $1,24 billones.
De acuerdo con las empresas, a pesar de esta coyuntura siguen despachando. “El 90% de las plantas eléctricas del país está disponible y generando”, advierte Federico Echavarría, presidente de AES Chivor. El restante 10% lo representa en su mayoría la empresa que está en el ojo del huracán: Termocandelaria, que fue intervenida por la Superservicios.
Según El Tiempo, esta compañía desde octubre de 2013, empeñó sus equipos para obtener un crédito por US$120 millones (unos $360.000 millones), cuyo uso tendrá que explicarles a los organismos de control.
Esta empresa representa una generación de 8 gigavatios diarios, más del 4% de la generación total del país y casi el 10% de la generación térmica. Sin embargo, no viene generando desde hace varias semanas y esa energía ha sido soportada por los hidroeléctricos. Así las cosas, Termocandelaria no solo tiene deudas con los bancos sino también otra con sus colegas que asciende a $134.000 millones.
Esto ha generado una profunda preocupación hacia el futuro porque las plantas hidroeléctricas se despacharon en épocas de Niño, situación que podría verse reflejada en los primeros meses del próximo año, cuando los embalses estén en niveles más bajos y el agua que debió haberse cuidado se gastó.
La pregunta ahora es si la Superservicios tiene la capacidad para poner a andar las turbinas de Termocandelaria. Javier Lastra será el encargado de la intervención y participó en el proceso de liquidación de Telecom. Inicialmente la Superintendencia cuenta con recursos por $165.000 millones que, dados los costos, alcanzaría para pocos meses. La opción es entregar la operación a un tercero, pero el Gobierno debería garantizar los recursos para el suministro de los combustibles y la operación de la compañía, pero en momentos de estrechez ¿de dónde saldrán?
En los próximos días el debate podrá tomar un nuevo rumbo. La Costa Caribe está muy preocupada por lo que está pasando con los costos de la energía y el gas. Según Barguil, para los usuarios de la Costa se generarían varios impactos. “Hace menos de un mes y medio hubo aumento de tarifas por el desastre económico y financiero de Electricaribe. Con el decreto que anunció el Gobierno sería un nuevo aumento. Lo mismo con la fórmula para cobrar el gas cuando se desatiende y se desconoce una realidad que debería ser compensada y es que la producción de gas se da en la Costa Caribe pero eso no genera ningún tipo de compensación final en la facturación de este servicio público”, advirtió el congresista ante los medios.
Otros legisladores de la Costa como José David Name, anunciaron que no votarán el plebiscito por la paz ni el proyecto de endeudamiento hasta que no se aclare el tema tarifario en el caso del gas que aumentó en esa región 25%.
Lejos de aclararse el panorama, el sector permanece en alta tensión y lo único que alivia hoy las amenazas de un eventual racionamiento son las lluvias que han llegado.
La propuesta de Barguil
En una carta al presidente Santos, el representante conservador propone que el Estado tenga propiedad sobre activos eléctricos clave.
Según el representante David Barguil, el esquema de las obligaciones de energía en firme del cargo por confiabilidad demostró ser inoperante, “porque las medidas tomadas por el Gobierno así lo demuestran transfiriendo las pérdidas de los generadores a los usuarios”.
Considera que los usuarios terminarán pagando alrededor de US$10.000 millones que equivaldría a cerca del 62% de los 10.025 MW de potencia máxima que demanda el sistema interconectado nacional. Afirma que los colombianos deberían ser socios de esas empresas y “tener propiedad estatal sobre los activos energéticos clave es la verdadera garantía de que cuando las termoeléctricas del país deban honrar sus compromisos efectivamente lo hagan”, dice.
La propuesta es que se participe en un porcentaje de acciones equivalente al aporte pagado por cargo de confiabilidad a cada una de ellas o, en caso contrario que, cuando el monto girado a cada termoeléctrica por cargo de confiabilidad iguale la inversión inicial y reconozca el costo del capital, la planta pase a ser propiedad de los colombianos.
El debate se ha centrado en el cargo por confiabilidad. Mientras las generadoras defienden el esquema y aseguran que solo el 10% de ellas está por fuera del servicio y las demás están despachando la energía que el país requiere, las preguntas se ciernen sobre el uso de los recursos y por qué no fue suficiente con ellos para garantizar la energía en momentos de dificultades climáticas.
Más aún, cuando se conoció que Termocandelaria –que estuvo sin despachar durante más de 30 días– tiene una deuda millonaria con el sistema financiero y sus plantas y turbinas están empeñadas, lo que condujo a su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
El debate por el cargo
Para muchos, como los congresistas Iván Duque, del Centro de Democrático, y David Barguil, del Partido Conservador, al igual que gremios como Asoenergía, el cargo por confiabilidad es un seguro que tomó el país para contar con la energía necesaria en momentos de dificultades climáticas, como la actual. Sin embargo,no fue suficiente el pago de cerca de $2,7 billones anuales desde 2006 para garantizar esa energía y hoy los costos han hecho que las operaciones de las térmicas no sean rentables. Esto condujo al Gobierno a anunciar un aumento en las tarifas para compensar $1,1 billones que corresponde a la tercera parte de las pérdidas que están asumiendo las generadoras térmicas.
“Hay preocupaciones por el manejo que se les ha dado a los recursos del cargo. Ahora nos dicen que los colombianos paguemos $1,1 billones en el aumento de tarifas, pero además que paguemos otros $3 billones en virtud del cargo por confiabilidad en los próximos 3 años para que se destinen a unos privados. ¿Cómo así que uno le financia un negocio a un particular y cuando va mal le mete más plata de la gente y cuando va bien sí va para el bolsillo de los dueños?”, se ha preguntado en diferentes medios en los últimos días el representante Barguil, quien al cierre de esta edición alistaba un debate de control político en el Congreso.
Por su parte, las generadoras defienden el modelo. “Hemos pasado tres Fenómenos del Niño sin apagón y ahora lo que se presentó fue un problema en un diferencial en el cargo por confiabilidad. Pero, además, el cargo lo que hizo fue garantizar la expansión. Las inversiones de la última subasta de energía ascienden a US$10.000 millones –unos $30 billones– que se están destinando a 3.900 nuevos megavatios. En 2018, cuando entre el último proyecto de esa subasta, el país tendrá más de 18.700 megavatios”, dice Ángela Montoya, presidente de Acolgen, el gremio que agrupa a las generadoras de energía hidráulicas y algunas térmicas.
Esto hace hoy diferente la situación a la que vivió el país a principios de los 90 cuando se dio el apagón. En ese momento no había plantas térmicas disponibles, hoy sí las hay, pero sus costos –disparados por los precios de los combustibles, la operación logística y la carga tributaria– superan el margen de operación.
De hecho, el pasado 18 de noviembre las generadoras agrupadas en Acolgen explicaron los recursos recibidos y en qué los han destinado. La constante es que la operación, vista desde el cargo por confiabilidad, les ha generado pérdidas. EPM, por ejemplo, ha recibido por cargo por confiabilidad $3 billones, de los cuales $2,2 billones corresponden a las plantas hidráulicas y $800.000 millones a la térmica La Sierra. Pero la térmica ha demandado recursos por $1,24 billones.
De acuerdo con las empresas, a pesar de esta coyuntura siguen despachando. “El 90% de las plantas eléctricas del país está disponible y generando”, advierte Federico Echavarría, presidente de AES Chivor. El restante 10% lo representa en su mayoría la empresa que está en el ojo del huracán: Termocandelaria, que fue intervenida por la Superservicios.
Según El Tiempo, esta compañía desde octubre de 2013, empeñó sus equipos para obtener un crédito por US$120 millones (unos $360.000 millones), cuyo uso tendrá que explicarles a los organismos de control.
Esta empresa representa una generación de 8 gigavatios diarios, más del 4% de la generación total del país y casi el 10% de la generación térmica. Sin embargo, no viene generando desde hace varias semanas y esa energía ha sido soportada por los hidroeléctricos. Así las cosas, Termocandelaria no solo tiene deudas con los bancos sino también otra con sus colegas que asciende a $134.000 millones.
Esto ha generado una profunda preocupación hacia el futuro porque las plantas hidroeléctricas se despacharon en épocas de Niño, situación que podría verse reflejada en los primeros meses del próximo año, cuando los embalses estén en niveles más bajos y el agua que debió haberse cuidado se gastó.
La pregunta ahora es si la Superservicios tiene la capacidad para poner a andar las turbinas de Termocandelaria. Javier Lastra será el encargado de la intervención y participó en el proceso de liquidación de Telecom. Inicialmente la Superintendencia cuenta con recursos por $165.000 millones que, dados los costos, alcanzaría para pocos meses. La opción es entregar la operación a un tercero, pero el Gobierno debería garantizar los recursos para el suministro de los combustibles y la operación de la compañía, pero en momentos de estrechez ¿de dónde saldrán?
En los próximos días el debate podrá tomar un nuevo rumbo. La Costa Caribe está muy preocupada por lo que está pasando con los costos de la energía y el gas. Según Barguil, para los usuarios de la Costa se generarían varios impactos. “Hace menos de un mes y medio hubo aumento de tarifas por el desastre económico y financiero de Electricaribe. Con el decreto que anunció el Gobierno sería un nuevo aumento. Lo mismo con la fórmula para cobrar el gas cuando se desatiende y se desconoce una realidad que debería ser compensada y es que la producción de gas se da en la Costa Caribe pero eso no genera ningún tipo de compensación final en la facturación de este servicio público”, advirtió el congresista ante los medios.
Otros legisladores de la Costa como José David Name, anunciaron que no votarán el plebiscito por la paz ni el proyecto de endeudamiento hasta que no se aclare el tema tarifario en el caso del gas que aumentó en esa región 25%.
Lejos de aclararse el panorama, el sector permanece en alta tensión y lo único que alivia hoy las amenazas de un eventual racionamiento son las lluvias que han llegado.
La propuesta de Barguil
En una carta al presidente Santos, el representante conservador propone que el Estado tenga propiedad sobre activos eléctricos clave.
Según el representante David Barguil, el esquema de las obligaciones de energía en firme del cargo por confiabilidad demostró ser inoperante, “porque las medidas tomadas por el Gobierno así lo demuestran transfiriendo las pérdidas de los generadores a los usuarios”.
Considera que los usuarios terminarán pagando alrededor de US$10.000 millones que equivaldría a cerca del 62% de los 10.025 MW de potencia máxima que demanda el sistema interconectado nacional. Afirma que los colombianos deberían ser socios de esas empresas y “tener propiedad estatal sobre los activos energéticos clave es la verdadera garantía de que cuando las termoeléctricas del país deban honrar sus compromisos efectivamente lo hagan”, dice.
La propuesta es que se participe en un porcentaje de acciones equivalente al aporte pagado por cargo de confiabilidad a cada una de ellas o, en caso contrario que, cuando el monto girado a cada termoeléctrica por cargo de confiabilidad iguale la inversión inicial y reconozca el costo del capital, la planta pase a ser propiedad de los colombianos.
CORTESIA: DINERO
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